¿Cómo mirar la disminución de la pobreza?

“Para lograr una reducción efectiva de la pobreza, es necesario una gerencia estratégica de la inversión social y un adecuado clima para la inversión privada”

Entrevista al Dr. Enrique Vásquez (Profesor e Investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico)
Por: Annie Chumpitaz e Ingrid Rojas


Según el INEI, la pobreza ha disminuido de 44.5% a 39.3%. Esto implica que 1’467,479 pobres han dejado de serlo. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Ciertamente, la pobreza, estadísticamente, se ha reducido. Ello está respaldado porque, tanto el Banco Mundial como miembros del CIUP dan fe de que la metodología empleada ha sido lo suficientemente acuciosa como para que el resultado sea sólido.

¿Esto significa que los datos sí son confiables, a diferencia de lo que se decía cuando fueron anunciados?

Cuando uno mira las cifras, estas son estadísticamente confiables. Pero, hay que ir más allá de lo que los fríos números del INEI nos dicen. Por ejemplo, la encuesta encargada por el diario El Comercio al Instituto Apoyo llega a un número muy interesante: El 54% de la población cree que los números no reflejan exactamente esta reducción de la pobreza. Aún más, el 50% de la población cree que la reducción de la pobreza no necesariamente está significando un mayor beneficio para los pobres sino para los que tienen más. En tal sentido, lo que uno debe evaluar es si la gente cree que esos números reflejan su real situación.

Otro elemento por considerar es que el promedio nacional de la pobreza esconde amplios contrastes. Mientras que en las áreas urbanas la pobreza es de 25.7%, en las rurales alcanza un 64.6%. Entonces, ¿qué hacer para que las políticas sociales del Estado tengan mayor impacto en estas zonas?

Es muy importante utilizar los sistemas de información que la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales está tratando de construir. Con ello, en las zonas rurales, ya se puede tener una aproximación de las brechas sociales. Es decir, se saben las demandas sociales por los distintos bienes y servicios públicos - que significa protección social -, y se conocen las limitaciones o potencialidades de la inversión pública. Pero lo que se necesita es medir estas brechas para saber exactamente que en la comunidad de Nueva York, que está en Loreto, se requieren tres profesores, dos médicos, cinco enfermeras, enviar raciones alimentarias, enviar comunicadores sociales, formar especialistas en Educación Bilingüe Intercultural. En consecuencia, para enfrentar la pobreza rural, el Estado debe invertir en medir esas brechas sociales en las zonas más pobres y comenzar a bombear los recursos públicos excedentes hacia ellas. Creo que de manera focalizada, se puede hacer.

Si se puede hacer, ¿qué es lo que se necesita?

Gente capacitada, equipos técnicos, que puedan traducir estas necesidades en proyectos viables, socialmente aceptables, de modo que los pobres rurales puedan tener un mejor nivel de vida.

En su opinión, ¿las políticas sociales logran una reducción efectiva la pobreza, o constituyen solo un alivio temporal de la misma?

Tenemos que diferenciar entre alivio y reducción de la pobreza. Las políticas sociales no tienen la contribución que uno espera en la reducción de la pobreza pues lo que tratan es de brindar oportunidades para aliviarla. Los programas de ayuda social (alimentación, salud, educación) buscan que las personas satisfagan sus necesidades del día a día. En cambio, reducción de la pobreza implica que el Estado determine un clima de inversiones que oriente al empresario a generar empleo, sobretodo a la mano de obra no calificada, que es la más abundante en nuestro país. En esta línea, el Estado debe tener dos roles. Primero, mejorar su gerencia estratégica de la inversión social. ¿Qué significa esto? Saber administrar mejor sus propios recursos y generar estándares de eficacia, equidad y calidad en el servicio a los más pobres. A partir de eso, tener la autoridad moral para decirle a las empresas que, a través de inversiones en responsabilidad social, generen sinergias que se traduzcan en un mayor bienestar de la los más pobres. [El 02 de julio de 2008, el prof. Vásquez presentó su reciente libro "Gerencia Estratégica de la Inversión Social", en el que se lecciones sobre cómo mejorar la rentabilidad de los recursos públicos destinados a aliviar y reducir la pobreza.]

¿Qué opina de Crecer? ¿Está cumpliendo sus objetivos?

Crecer es un excelente documento escrito. Rescata mucho de lo que se ha pensado y actuado en los últimos 15 años acerca de las políticas. El mensaje más importante es “trabajemos en equipo”, en función de un objetivo común: reducir la desnutrición crónica infantil. Lamentablemente, para traducir esa estrategia en cambios de la calidad de vida se necesita una reforma radical de los procesos de generación de un sistema de información, de logística, de monitoreo, y lo más importante, de medición de impacto.

Entonces, ¿qué significa Crecer en la realidad?

Significa un buen documento y un deseo de alcanzar ese trabajo. Pero, lo que uno percibe en la realidad es que cada uno de los programas trabaja por su propia cuenta. Entonces, esa sinergia que está conceptualmente en el documento todavía no se traduce. ¿Cuál es la raíz de que no exista esta sinergia? En primer lugar, los programas no comparten sistemas de información para identificar a los beneficiarios más pobres. Es imposible saber con precisión si la mamá Ingrid o la mamá Anita está recibiendo ayuda de cada uno los programas, si hay una yuxtaposición o si mas bien está teniendo una mala suerte de un déficit. ¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad no usan el DNI como un criterio único para identificar a los beneficiarios. El segundo punto es que los sistemas logísticos, operativos de cada programa, tienen sus propias reglas y tienen definidos sus propias canastas de bienes y servicios públicos que quieren brindar. No han evaluado cuáles son los productos ‘estrella’, y lamentablemente, por las demandas sociales diarias, generalmente mantienen una administración inercial: Seguir haciendo lo mismo que hacían antes, a costa de los más pobres.

Sistemas de pensiones sociales: un paso adelante en la búsqueda del bienestar de los adultos mayores del Perú

La década de los 90, se caracterizó por un mayor crecimiento de la población adulta que en décadas anteriores, así como la búsqueda por una mayor eficiencia en los sistemas de pensiones. En medio de este contexto, los gobiernos decidieron reformular las instituciones laborales. Así, en América Latina, el ajuste más radical ha sido las reformas de la seguridad social iniciadas por Chile en 1981, y seguidas en los noventa por Perú, Argentina, Uruguay, México, Bolivia, El Salvador y Nicaragua. Estas reformas consistieron en transitar desde un sistema puramente público -similar a los administrados en Europa y Estados Unidos, y financiados sobre la base de un sistema PAYGO- hacia sistemas con múltiples pilares. Específicamente, la reforma instauró un esquema de financiamiento de cuentas de capitalización individual, en las que el beneficio futuro depende exclusivamente del número y monto de aportes que realice el contribuyente.

A pesar de los supuestos beneficios de la reforma, existe un grupo de detractores que argumentan que los sistemas basados en las cuentas de retiro individual llevan a una mayor inequidad social debido a que tienen poco efecto sobre la redistribución entre generaciones. Aún más sostienen que la reforma no ha logrado incrementar la cobertura, por lo cual uno de sus principales objetivos no ha sido cumplido.

Ante estas afirmaciones, cabe preguntarse ¿cómo se encuentran los dos sistemas de pensiones en el Perú?

En cuanto al sistema nacional, de tipo pay-as-you-go, para fines del 200, contaba con 600,677 aportantes regulares y 467,616 pensionistas en promedio. El valor del fondo administrado por este sistema ascendió a finales de diciembre de 2007 a US$ 2.95 millones; habiendo presentado una rentabilidad de 9.52%.

Con respecto al sistema privado, manejado bajo un esquema de capitalización individual, para fines del 2007, el sistema contaba con un total de 4.1 millones de afiliados, de los cuales únicamente 1.698 millones (42%) son afiliados cotizantes. Asimismo, cabe resaltar que si bien el sistema privado es relativamente joven (15 años en funcionamiento), tiene un fondo valorizado en US$ 20,300 millones para finales del año 2007 ( 23% del PBI), mostrando una rentabilidad entre 1992 y marzo de 2007 de 15.5%.

A pesar del impacto positivo de la reforma previsional sobre el ahorro nacional, el éxito de la reforma se ha visto mermado por el reducido nivel de cobertura existente en ambos sistemas previsionales. Así, según el Marco Macroeconómico Multianual (2008), únicamente el 41% de la PEA se encuentra cubierta por algún sistema previsional, aún más, de considerarse solo los cotizantes, la cifra se reduciría hasta el 15% de la PEA. Esta baja cobertura, se encontraría explicada por los altos niveles de informalidad laboral en el país, los cuales según el IPE alcanzaron en el año 2000 un 60% del total de trabajadores.

Ante estos hechos, el Perú ha decidido dar un paso adelante para lograr la cobertura de los trabajadores independientes. Así, en el marco del Decreto Legislativo Nº 1086, promulgado el 28 de junio de 2008, que aprueba la ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, se aprobó la aplicación de pensiones sociales contributivas, las cuales funcionarían como mecanismos para incentivar una mayor afiliación y por ende incrementar la cobertura.

Así, parece que el Estado peruano considerando sus limitaciones fiscales, en vez de considerar un sistema de pensiones asistencialistas ha optado por uno de tipo semi- contributivo, mediante el cual el financiamiento de la pensión es realizado tanto por el trabajador como por parte del Estado (financiamiento mixto).

En concreto, el nuevo esquema consiste en establecer un fondo intangible compuesto por aportes del trabajador y del Estado, que será entregado al sistema privado. El aporte del trabajador será entregado al fondo junto al subsidio del Estado para obtener una mayor capitalización. Cabe resaltar que la ayuda del Estado se hará efectiva en el momento de la jubilación, de cumplirse con el número mínimo de aportes efectuados por el beneficiario, pudiendo ser entre 300 y 400 meses de aportes. Así, de no cumplir con el número de aportes requeridos, el individuo tendrá derecho al monto total aportado más una rentabilidad proporcional al mismo, permaneciendo en el fondo los aportes del Estado. Mientras que de cumplir con los aportes mínimos, se hará beneficiario de una pensión que supere el valor futuro de los aportes realizados.

La aprobación de un sistema de pensiones sociales contributivas constituye un paso adelante en la búsqueda del bienestar de los adultos mayores del Perú. Sin embargo, es necesario trabajar más en esquemas de incentivos e información para que la población adulta pobre conozca los beneficios de asegurarse y tome la decisión de hacerlo.

¿Qué profesores enseñan?

No cabe duda de que la educación constituye una de las principales herramientas para mejorar el capital humano. Así, año a año, los padres de familia toman la decisión de enviar a sus hijos al colegio, a pesar de que, como es sabido, la calidad de la enseñanza no es la óptima. Sin embargo, ¿qué tan preparados se encuentran los profesores para hacerse cargo de la educación de los alumnos?

En busca de una mayor calidad y exigencia, en el marco de mejoras en el sector educativo, este año (2008) se han realizado dos evaluaciones a los docentes. El fin de estas evaluaciones era determinar quiénes estarían aptos para ser nombrados (aquellos con una nota mayor o igual a 14) y quienes podrían pasar a un proceso de contratación (aquellos con una nota entre 11 y 13.9) en los centros educativos. Las plazas por cubrir eran 23970 para el caso de nombramiento, y 35889 para las contrataciones.

La evaluación reveló la caótica situación de los profesores, pues de 178,818 que dieron el examen, solo 8744 pudieron aprobar. Más aún, únicamente 151 obtuvieron 14 ó más. Con estos resultados, únicamente se lograba cubrir al 0.63% de las plazas disponibles. En tal sentido, el ministerio decidió hacer una evaluación extraordinaria para que aquellos que obtuvieron entre 11 y 13.9 puedan participar del proceso de nombramiento, y cubrir de esa forma, una mayor parte de las plazas. Con ello, lograron entrar 3,337 profesores más.

Sin embargo, los datos que se conocen es que al mes pasado, únicamente se había nombrado a 132 docentes. Pero, ¿qué va a pasar con aquellas plazas que no se han logrado cubrir? Es un escenario para el cual el gobierno no ha planteado solución inmediata, obviando que los alumnos tienen que seguir estudiando.

En la primera evaluación, el 35.29% de las sedes no obtuvo ningún docente con calificación mayor o igual a 14, como Abancay, Atalaya o Chachapoyas. En la evaluación extraordinaria, la región que llama más la atención es Loreto, pues es la que tiene menor porcentaje de docentes con más de 14, y a la vez, presentó la menor calificación (1.8). Esto refuerza la falta de calidad así como la necesidad de muchas zonas pobres del país.

Así, si bien las evaluaciones constituyen un primer paso para una mayor exigencia a los profesores, puede convertirse en acciones aisladas sin compañía de medidas para mejorar el desempeño de los docentes poco calificados que van a permanecer en actividad.

¿Qué nos dice MEMO?

Desde el año 2006[1], el diario El Comercio publica reportes del Índice de Gestión Gubernamental elaborados por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). El MEMO (Medición y Monitoreo) abarca reportes trimestrales acerca de la actuación del Estado en cinco sectores: salud, educación, empleo, competitividad y desempeño macroeconómico. El pasado 6 de julio salió a la luz el último reporte de MEMO:

Inflación afecta el desempeño macroeconómico

El MEMO resalta que la inflación constituye una limitación para la performance de la macroeconomía. Así, a junio de 2008, la inflación anualizada se encuentra en 5.71%, lo que implica 2.71 puntos porcentuales por encima del límite superior. Si bien es cierto que parte de este aumento en precios se debe a factores externos, otra parte está asociada al fuerte crecimiento de sectores como construcción. Ante ello, resulta importante que se maneje con más mesura el crecimiento del gasto público con el fin de controlar los niveles de inflación.

La inversión extranjera impulsa la competitividad

En el rubro de competitividad, resalta el incremento de la inversión extranjera de 48% desde mitad de 2006. Asimismo, el tema de telecomunicaciones (mayor cobertura en telefonía, sobretodo celular) ha avanzado significativamente. No obstante, la reducción de la brecha en electrificación entre zonas urbanas y rurales no ha ido de la mano con un mayor alcance de servicios básicos de agua y desagüe, los cuales han presentado un estancamiento durante el régimen actual.

Empleo disparejo

Respecto del sector laboral, si bien ha habido un incremento notorio en el índice de empleo en Lima Metropolitana y el resto del Perú urbano (13% y 12%), se ha registrado un lento crecimiento de los ingresos reales de la población ocupada en Lima, tanto para hombres (3%) como para mujeres (1,1%).

¿Al colegio no voy más?

En cuanto a la educación, pese a que es el sector en el que más cambios se han emprendido, es el que menos aporta al MEMO. Así, resalta la disminución de la tasa de matrícula en secundaria en el primer trimestre de 2008 con respecto al mismo periodo del 2007. De verificarse esto con los datos para el segundo trimestre, estaríamos ante un escenario de menor demanda por educación. Pero, ¿qué estaría detrás de esto? La raíz de este tema se encontraría en la menor confianza de los padres de familia hacia las instituciones educativas y la calidad de la enseñanza. Según el informe del CIUP, es posible que las noticias sobre rankings de la calidad de la educación básica hayan generado un efecto negativo en la percepción de los padres sobre este servicio.

En consecuencia, más allá de fijarse metas de cobertura universal, las políticas educativas deben apuntar a mejorar la calidad de la educación. Para ello, se debe partir de reconocer que los actores que intervienen en el proceso educativo no son solo los alumnos y los maestros, sino que los padres de familia juegan un rol vital. En esta línea, un primer paso es la entrega de la "Guía de educación para padres de familia" (alrededor de tres millones de ejemplares), por parte del gobierno. Pero, para promover la participación de los padres en la educación de sus hijos hace falta más que un manual de 72 páginas, que probablemente un padre pobre extremo rural no comprenda. Hacia ellos, las medidas deben ser mucho más activas e inclusivas.

Salud lidera en el MEMO

Durante el actual gobierno, el MEMO ha crecido en 7,7%. En este crecimiento, el sector salud es el que más ha contribuido. Se puede mencionar que la brecha entre zonas urbanas y rurales, en torno al acceso a partos asistidos por profesionales, se ha reducido en más de 20%. Asimismo, la brecha en la tasa de consulta institucional entre los individuos del primer y último quintil de ingresos ha mejorado en 16,3%. Sin embargo, el índice relacionado al déficit calórico no ha mejorado de manera notable, por lo que no se debe quitar el dedo del renglón de la lucha contra el hambre.

[1] Para ver detalladamente los componente del Índice de Gestión Gubernamental, ingresar a: [http://www.up.edu.pe/webmail/institucional/IGG_2006-II.pdf]

Perú-Brasil: Un partido a favor de los pobres

Teniendo en mente el combate contra la pobreza, el gobierno peruano ha propiciado la realización del seminario binacional: “Intercambio de experiencias de Perú-Brasil en la lucha contra la pobreza y el hambre”. El objetivo es compartir lo que se ha actuado y pensado sobre políticas sociales en ambos países con el fin de mejorar el diseño y ejecución de las mismas.

Las presentaciones abordarán los temas de la situación social de los países, la compra de alimentos, la seguridad alimentaria, entre otros. La delegación brasileña ahondará en los temas del “Programa de Adquisición de Alimentos”, “Educación Alimentaria y Equipamientos Públicos de Seguridad Alimentaria”, “Programa Bolsa de Familia”; y “Sistema Único de Asistencia”. Por la parte peruana, se expondrá acerca de las experiencias de la “Descentralización de los Programas Sociales del MIMDES”, “Juntos”, “PRONAA”, “Wawa Wasi”, “SIS”, “PRONAMA” y “FONCODES como proyecto productivo”.

Esperemos que los objetivos de este seminario no queden solo en el papel, como suele suceder con los intentos de avance en materia de políticas sociales, sino que se traduzcan en reformas urgentes que mejoren la efectividad de las acciones del gobierno.

Superando el mundo delictivo

Probablemente, usted esté cómodamente sentado en un sofá o frente a su escritorio, tomando un café o fumando un cigarrillo, protegido al interior de una habitación, pero… ¿se ha puesto a pensar que afuera de ese ambiente acogedor en la gran Lima, circulan más de 13 mil pandilleros dispuestos a acechar a sus víctimas a cualquier hora del día?

Viernes, 11 p.m., las calles de diversos distritos de Lima se ven inundadas de muchachos escondidos en los jardines, detrás de los muros, o parados en las esquinas, esperando el momento de atacar y obtener su ganancia del día. Las cifras en torno a las pandillas son poco exactas; sin embargo, aproximaciones de la Oficina de Participación Ciudadana de la PNP refieren que en el Perú, existen más de 6 mil pandillas, que concentran tanto a niños como a jóvenes; 13 mil de estos pandilleros se ubican en Lima. Dentro de los distritos que presentan mayor incidencia de pandillaje, se encuentran: San Martín de Porres, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Chorrillos.

A pesar de que estas pandillas pertenecen a determinados distritos, muchas veces tienden a realizar actos delictivos en distritos aledaños. Tal es el caso de las pandillas de Chorrillos, que en los últimos meses se han ido dirigiendo con mayor intensidad hacia algunas zonas de Surco con poca seguridad, sobretodo a Próceres, San Gavino y Sagitario. Así, los fines de semana para los habitantes de estas urbanizaciones se han convertido en vandálicos festines, en donde suenan balas perdidas, se “obsequian” lluvias de piedras y abundan robos a diestra y siniestra. Este es solo uno de los numerosos casos existentes.

¿Qué hacer? Es la pregunta que muchos se formulan. Algunos distritos han emprendido medidas para disminuir la delincuencia juvenil; estas van desde medidas tradicionales como aumentar la vigilancia y serenazgos, hasta la implementación de programas de reinserción social juvenil. En Surco o Villa María del Triunfo, por ejemplo, se ha capacitado a líderes de pandillas en talleres técnicos laborales. En San Martín de Porres, se está trabajando desde los colegios a través de charlas intensas de prevención. En otros distritos, se han contratado a los ex - pandilleros como jardineros, obreros o en otros oficios. Por ejemplo, en Chorrillos, en el AA.HH. Alto Perú, hay jóvenes que ahora se desempeñan como patrulleros, vistiendo un polo que dice: Una segunda oportunidad.

A pesar de estas medidas positivas, se ha encontrado que, aun cuando los jóvenes apuestan por un cambio de vida, son los niños y púberes quienes toman la posta de las pandillas, ya sea en las calles o desde sus escuelas, con el fin de adueñarse del “poder” dejado por los otrora pandilleros. Es decir, poco vale reinsertarlos a la sociedad, si la delincuencia se convierte en un círculo vicioso, que comienza nuevamente con los menores. Es por ello que se requieren más programas orientados a la niñez, tal que se prevengan nuevos surgimientos de la delincuencia.

Si bien las medidas comentadas en el presente artículo apuntan a la disminución de la violencia juvenil y desarticulación de las pandillas, es necesario un trabajo desde el hogar, con mayor control por parte de los padres, así como acciones concretas contra la violencia familiar. Una labor conjunta entre los municipios, la comunidad y el sector privado contribuirá, no solo a mejorar la seguridad de la población, sino también a que más niños y jóvenes puedan superar el mundo delictivo.

¡Buscando un ganador!

En un país como el Perú, donde la pobreza aqueja al 39.3% de la población y la pobreza extrema a un 10.7%, el alivio de estas situaciones constituye uno de los principales objetivos nacionales. Por ello, la búsqueda de herramientas para lograr no solo crecimiento sino también desarrollo económico resulta indispensable.

Pero, ¿qué elementos podrían ser claves para potenciar y lograr este desarrollo? Teniendo en cuenta que en el Perú, casi una tercera parte de la población vive en las zonas rurales, que el 50% de sus ingresos proviene de la agricultura, y que además, el 28,5% de la población económicamente activa trabaja en el sector agropecuario, el fortalecimiento de este sector resulta vital. Sin embargo, como es sabido, una de las principales limitaciones radica en el acceso a recursos financieros, sobretodo en el caso de los pobres en zonas rurales (grupos excluidos).

Ante el escenario existente, una de las recomendaciones típicas para la reducción de la pobreza y el desarrollo rural es fomentar el acceso de los productores del campo a mercados, uno de ellos es el crediticio. En esta línea, destacan diversos trabajos realizados por Carolina Trivelli. Ella es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Magíster en Economía Agraria por The Pennsylvania State University, USA, y actualmente se desempeña como investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Particularmente, en entre el año 2007 y lo que va del 2008, ha venido realizando investigaciones en torno a las microfinanzas y su importancia para el desarrollo rural. Dentro de estas, es posible mencionar Instituciones Públicas y el desarrollo de los mercados financieros rurales: Lecciones desde las experiencias en curso en América Latina (2007), Propuesta para hacer un seguimiento a las señoras ahorristas (y a sus ahorros) del Proyecto de Desarrollo Corredor Puno-Cusco (2008), Banca de Desarrollo para el agro: experiencias en curso en América Latina (2008), entre otros.

En un contexto de rediseño de la banca de desarrollo para el sector agropecuario, estos estudios representan contribuciones meritorias para el conocimiento de las finanzas rurales, tanto en el Perú como en otros países de América Latina.

Un hallazgo importante es que la ausencia o retirada de las instituciones públicas de los sistemas financieros rurales “tampoco ha logrado expandir la oferta privada de fondos en el medio rural. Incluso, no hay una evidencia contundente sobre si la privatización de las entidades financieras públicas ha tenido efectos positivos”. En este sentido, es necesario formar alianzas con intermediarios privados que vayan más allá de la provisión de fondos. Trivelli destaca que existe un amplio espacio para operar articuladamente, desde acuerdos para que las instituciones privadas utilicen la infraestructura de la banca de desarrollo, hasta convenios de fortalecimiento institucional, desarrollo y transferencia de tecnología, y esquemas de manejo y transferencia de riesgo. No obstante, la presencia de estos acuerdos es escasa.

Asimismo, Trivelli sostiene que los pobladores rurales y productores agropecuarios también requieren de otros servicios financieros, e incluso muchas veces requieren más de esos otros servicios que del crédito. Por ello, es necesario brindar varios servicios, no sólo crédito con un enfoque rural y no sólo crédito agropecuario. Ofrecer más productos financieros genera beneficios para las entidades pues les permiten aumentar la rentabilidad de sus instalaciones, pero sobretodo mejorar su relación con los clientes, y contar con mejor información sobre ellos.

Son estos hallazgos y recomendaciones los que permiten considerarla como una economista notable en el presente año, en la medida en que brindan mayores luces a los formuladores de políticas y a los operadores de servicios financieros rurales. Si bien el acceso de la población rural a servicios financieros va en aumento (se puede reconocer entidades importantes como ProMujer, ADRA, o Promuc), el incremento de la cobertura es aún un reto. Por lo tanto, sigue habiendo espacio, tanto para la investigación como para la innovación.